¿Es posible un Referendo revocatorio contra el presidente Santos?

¿Es posible un referendo revocatorio contra J.M. Santos por las amenazas de guerra contra Colombia?

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Por: Francisco Cardona

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De Juán Manuel Santos siempre se han objetado mucho su comportamiento desde su vida personal y profesional vinculado con ideologías de izquierda por sus acercamientos con los Castro en Cuba. Cuando fue Ministro de Defensa , en el gobierno de Uribe Vélez, disfrazó su pensamiento marxista con el objetivo de ganar confianza política y poder llegar a una candidatura presidencial recomendada por las supuestas buenas intenciones de acabar de una vez con las guerrillas en Colombia que estaban al borde del nock out. Éste descalabro político que tanto el uribismo como el electorado colombiano cometieron al creer que Santos era la solución para exterminar a la insurgencia , llevó a la desilución y traición democrática nunca antes vista en el panorama social y político.

A partir de ésta mala desición y por los primeros negocios que pretendía hacer Santos con las FARC en un nuevo acuerdo de paz, el país entró en una polarización en donde no se sabía si iba a ser más cara la cura o la misma enfermedad. Efectivamente Colombia entró en cuidados intensivos desde las conversaciones en la Habana y entre mentiras y engaños , usando como recurso "la paz" , se ha pretendido acabar con una epidemia de más de 50 años. Para tal efecto , entonces, el presidente ha usado todo tipo de artimañas para hacer cambios constitucionales atropellando las fuerzas armadas y destituyendo a su antojo a quienes han cuestionado su indigno proceder en una clara traición a la patria y sin escrúpulos.

Las primeras amenazas

Ahora bien, en 3 años del proceso de paz en Cuba instaurado por Santos desde la instalación de la mesa de negociaciones hubo varios hechos que constituyeron una verdadera amenaza para Colombia para poner fin al conflicto que fueron. Una: la jugada hábil para internacionalizar y blindar el proceso y proteger a los mismos guerrilleros que de la impunidad pasaron a la inmunidad avalados por los Castro y el resto de líderes populistas de latinoamérica . Dos. Distanciar a los actores de la guerra ,entre ellos al ejército nacional , debilitando al poder judicial y desarmó el "alma mater" protector de la honra y bienes de 47 millones de inermes colombianos. Y una tercera amenaza fue involucrar a  la comunidad internacional a través de organizaciones gubernamentales en cabeza de la Comunidad Europea y de los EEUU por parte de Barack Obama.

En éstas tres perspectivas Santos ha demostrado cláramente que su único interés es convertir a Colombia en una nueva plataforma comercial en la cuál las Farc y sus cabesillas entrarán a la contienda electoral no para convertirse en un partido político sino para entrar en el "gran negocio" del posconflicto como lo es la legalización de la marihuana y ¿porque no ? seguir con el negocito del narcotráfico. A los países garantes que han apoyado ésta patraña anticonstitucional tendrán partida en la explotación de los recursos  y la privatización de las pocas industrias que le quedan al país. En resumidas cuentas que,  tanto víctimas como campesinos , soldados y población civil, serán el eslabón perdido de un proceso ajeno a la voluntad civil y política de los colombianos.

Si no se firma la paz habrá guerra urbana

Finalmente, y para reafirmar que no se trata de estar en contra de la paz ni mucho menos y que no estamos defendiendo al uribismo , en tantos años de gobernabilidad , aún en los tiempos de Pablo Escobar o del legendario guerrillero, Manuel Marulanda "tirofijo" el país había estado en instancias tan amenazantes como lo ha configurado el desafortunado presidente Santos. Una cosa es decir que hay que escoger entre la guerra y la paz y otra distinta es amenazar a toda una población con una guerra urbana de las Farc si las fuerzas opositoras, que ya son la mayoría en el país, no aceptan la paz a través de un plebiscito. Como quien dice se hace a las buenas o a las malas. Éstas nefastas e imprudentes declaraciones han encumbrado la tesis de que se haga un referendo revocatorio para destituir a Juan Manuel Santos como presidente de la República.

En materia legal y constitucional sí es posible y el ejemplo más claro lo vienen demostrado los hermanos venezolanos. El problema es que los únicos que han procurado una leve iniciativa para sacar adelante éste proyecto han sido el uribismo y el Centro Democrático y , debido , precisamente a la polarización que se creó en torno a los diálogos de la Habana entre gobierno y oposición, hay una total apatía y neutralidad para hacer un juicio político contra el presidente Santos. Desafortunadamente el desgaste  en el proceso y el tiempo para discutir los puntos clave del conflicto han sido un aliado del gobierno para influir y disuadir en las desiciones del Congreso a través del "paquete" legislativo para la paz". En otras palabras, en materia legislativa y judicial el gobierno ha dividido también a la fiscalía y a la procuraduría. Siendo la primera la defensora y aliada del conflicto.

Por lo demás , y como siempre hemos recalcado en nuestros artículos, en Colombia es más importante la selección de fútbol de James y cuadrado., los premios de montaña  de nairo Quintana., la homosexualidad de un general y el tercer hijo de Shakira que la paz, la tranquilidad y la transparencia de las instituciones democráticas. Porque en honor a la realidad es más factible ver a Timochenko en el poder que Juan Manuel Santos en la cárcel.

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Otras noticias del proceso de paz

Enfoque Periodistico/

El expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor a las negociaciones con las FARC, dijo este lunes que la paz de Colombia "no está en discusión" pero sí la "eficacia" y "sostenibilidad" del proceso, al responder una carta del jefe máximo de esa guerrilla, Timoleón Jiménez (Timochenko).

"La paz no está en discusión, están en discusión su eficacia, su sostenibilidad y el riesgo para nuestra democracia", dijo Uribe en un comunicado publicado en sus redes sociales, luego de que el fin de semana Timochenko le invitara a dejar atrás "orgullos y odios" para conversar "sobre el futuro del país".

En el texto, en que el expresidente (2002-2010) y actual senador dice que supo por medios de comunicación de la carta de Jiménez, Uribe expone una a una sus razones para oponerse a los acuerdos que el gobierno de Juan Manuel Santos está a punto de firmar en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).

Según Uribe, "haber adelantado el diálogo sin cese de actividades criminales, verificable a través de la concentración supervisada, ha contribuido al aumento de la criminalidad y a la desconfianza en el proceso" de paz y eso, junto al anuncio de una "impunidad total" para los guerrilleros, "genera ejemplo para que haya más violencia y no garantiza estabilidad".

El expresidente critica también la "inestabilidad del acuerdo" en términos del derecho internacional y nacional por la ausencia de penas de cárcel para los cabecillas guerrilleros y porque esos líderes podrán luego participar en política.

Además, denuncia que sus preocupaciones no han sido escuchadas en el pasado y asegura que el hecho de que "el gobierno imponga los textos de La Habana, fuerce su incorporación a la Constitución (...) con notoria ilegalidad y desdén por la democracia, causa incertidumbre política y la posibilidad de que cambios en el futuro los deroguen".

En los últimos días, gobierno y FARC firmaron pactos para blindar jurídicamente el acuerdo de paz que se alcance en Cuba y para que la guerrilla comience a liberar a los menores de edad que ha reclutado en el marco de la confrontación.

El conflicto colombiano, que ha enfrentado en más de medio siglo a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, ha dejado al menos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.

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Farc y gobierno de Santos blindan proceso de paz a través de ley constitucional 

Enfoque Periodístico/globedia.com

El futuro acuerdo de paz en Colombia, que deberá poner fin al conflicto más antiguo en América, será elevado a ley constitucional, lo que lo blindará jurídicamente y garantizará su cumplimiento, según acordaron la guerrilla de las FARC y el gobierno este jueves en Cuba.

"Queremos anunciar que hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final" de paz, dijeron las partes en un comunicado leído a la prensa por garantes internacionales en La Habana, sede de los diálogos.

El mecanismo convenido por la organización armada y el gobierno de Juan Manuel Santos será tramitado por el Congreso y permitirá que el pacto final forme parte "del ordenamiento jurídico colombiano" y "dará garantías de cumplimiento" a lo acordado, según el texto.

De esta forma, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en guerra contra el Estado desde hace medio siglo, contarán con la seguridad jurídica que reclamaban para su desarme y transformación en partido político.

Al mismo tiempo elimina uno de los escollos finales en el proceso que están a punto de cerrar exitosamente, después de tres años y medio de complejas discusiones en La Habana.

"Esta decisión tiene enormes implicaciones. Por un lado, el gobierno garantiza que cumple con la palabra empeñada. Y cumple, utilizando el más alto nivel jurídico", reconoció el jefe de la delegación de paz del gobierno, Humberto de la Calle, en una declaración aparte.

El compromiso anunciado este jueves garantizará en la práctica que el acuerdo de paz se incorpore a la Constitución colombiana y se ajuste al derecho internacional.

"El gobierno nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un acto legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el acuerdo final", precisaron las partes.

Las FARC y el gobierno de Santos alcanzaron este nuevo entendimiento en momentos en que están negociando los dos puntos finales del proceso: el cese bilateral y definitivo del fuego, que incluye el desarme de los rebeldes, y el mecanismo de refrendación de lo acordado.

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OTRAS NOTICIAS SOBRE EL PROCESO DE PAZ

Enfoque Periodístico

A las puertas del fin del conflicto armado en Colombia, la guerrilla de las FARC acusa un auge del paramilitarismo que el gobierno asocia a organizaciones criminales, mientras que los expertos hablan de un "fenómeno complejo" que supone un gran desafío para sostener la paz. "Estoy asustada", confió a la AFP Rosa Amelia Hernández, víctima de la violencia que desde hace más de medio siglo desangra Colombia en enfrentamientos entre guerrillas de izquierda, milicias irregulares de derecha y agentes del Estado.

Esta semana, esta defensora de derechos humanos de Córdoba (noroeste) fue amenazada de muerte, como tantas veces tras ser desplazada por paramilitares, surgidos en los años 1980 para combatir a los rebeldes alzados en armas. "Sentencia de muerte: Perros hijueputas defensores de derechos humanos ya se les demostró que existimos y cumplimos con lo prometido", decía el texto que le llegó por whatsapp, firmado por el grupo Águilas Negras y rematado por tres palabras: "Muerte, muerte, muerte".

No es la primera activista que teme por su vida: según la ONU, 69 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2015 en Colombia, y otros 12 en lo que va de este año.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la recta final de un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, citan casos como este para denunciar un resurgimiento del "fenómeno del paramilitarismo", un tema que les preocupa ante su inminente desarme. Pero el gobierno asegura que los paramilitares a los que se refieren las FARC son en realidad bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, surgidos tras una masiva desmovilización de los escuadrones de ultraderecha durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010).

- Objetivo: ganar dinero -

Las bandas criminales como el poderoso Clan Úsuga, que a principios de abril detuvo durante dos días con amenazas la actividad en decenas de municipios en un "paro armado" que dejó seis muertos, tienen para las autoridades un único interés: el lucro.

Buscan acumular dinero mediante negocios ilegales y atentan contra todo aquel que se interpone, pero su objetivo no es llegar al poder, dijeron a la AFP fuentes políticas.

Pero para Ariel Ávila, analista de la fundación Paz y Reconciliación, "son más que narcotraficantes: venden servicios de seguridad" a ganaderos y testaferros en zonas donde hubo despojo de tierras.

Fuentes oficiales reconocieron "relaciones aisladas" de las denominadas "bacrim" (bandas criminales) con miembros de gobiernos locales, mediante hechos de corrupción para facilitar sus negocios, no con motivaciones políticas. Sus tentáculos alcanzan negocios extorsivos, contrabando e incluso tráfico de migrantes, y apelan a actos como el "paro armado", el desplazamiento o las desapariciones. Por eso, "tendemos a confundirlo con violencia del conflicto, cuando no lo es", señaló Jorge Restrepo, director del centro de análisis CERAC.

El experto coincidió en que estas bandas "no son paramilitares", "ni tienen un propósito contrainsurgente" como estrategia nacional, ni están organizados como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los actores del conflicto que más víctimas ha dejado.

De hecho, Restrepo apuntó que en los últimos tres o cuatro años solo se han registrado unos 10 enfrentamientos entre las FARC y el Clan Úsuga, y entre 12 y 15 con la segunda guerrilla activa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y siempre han sido combates motivados por el control de rutas del narcotráfico.

- Reto para el postconflicto -

La mayoría de estas bandas "se puede considerar crimen organizado", con "un interés político de que fracase el proceso de paz", todo para evitar que la fuerza del Estado se concentre en ellos cuando ya no haya guerrillas que combatir, añadió Restrepo.

Serán el gran desafío de orden público en el postconflicto, han dicho autoridades y observadores internacionales como la ONU. Además, según Ávila, "van a intentar retomar los mercados de las guerrillas", en los negocios ilegales que se han comprometido a abandonar, con lo que "pueden acabar masacrando a las FARC".

En cuanto a las amenazas o asesinatos selectivos a defensores de los derechos humanos, Ávila dijo que continuarán, pero no en la medida de los años 1980. "Las élites políticas regionales siguen usando la violencia política para mantener sus intereses", señaló.

El presidente Santos, embarcado en una cruzada contra estas mafias, dijo incluso en entrevista con la AFP que "si la legislación lo permite", las bombardearía para acabar con ellas. En lo que va de año, el gobierno ha capturado o abatido a 992 miembros de bandas de crimen organizado, según el último reporte oficial.