Algo huele a podrido en Guatemala

magistrado Iván Velásquez miembro de la CIGIC /foto dominio.fm

Por: Ricardo Angoso

Hace unos meses un magistrado colombiano nada neutral, conocido por sus ideas izquierdistas y ser un detractor del ex presidente Alvaro Uribe, Iván Velásquez, adquirió un protagonismo en la operación -no tiene otro nombre- de acoso y derribo que llevó a la destitución del presidente de Guatemala, el ex general Otto Pérez. En ese proceso judicial de investigación de unos supuestos casos de corrupción, en los que habría estado implicado la máxima magistratura del Estado, tuvo un importante protagonismo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIC), en la que trabaja el mismísimo Velásquez y que ha actuado coordinadamente con algunas organizaciones guatemaltecas de significada ideología izquierdista.

Pero las cosas no quedaron ahí. Hace apenas unas semanas fue destituido, en una trama bastante perversa, otro militar, se trataba de Oscar Platero. Tras ser nombrado Subdirector General de la Inteligencia Civil (Digici), Oscar Platero sufrió una dura campaña de acoso mediático y político, a través de diversos medios, por parte de la izquierda más radical de su país.

Oscar Platero en una disertación de intelegencia

Platero, militar, escritor y analista político, ha denunciado durante años la existencia de una suerte de conspiración contra su país para que el ejército guatemalteco sea estigmatizado y juzgado por su participación en la lucha contra la subversión comunista. Esa amenaza, que representaba la guerrilla del UNRG, fue derrotada, sin género de dudas, durante el conflicto interno que vivió su país desde los años sesenta hasta 1996, en que se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala. Ahora la izquierda, derrotada en el campo de batalla, vuelve a la lucha por la vía política y Platero fue una de sus primeras víctimas. Nada hacía intuir que esa destitución sería solo el primer paso en una operación de mayor calado.

ESTRATEGIA DEL FORO DE SAO PAULO CONTRA LAS FUERZAS ARMADAS

Siguiendo los pasos de otros países, en donde la justicia tomada por la izquierda ha procesado y perseguido a los militares con saña, como ha ocurrido en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, Guatemala no iba a quedar al margen de esta estrategia diseñada y preconcebida por el Foro de Sao Paulo, esa gran coordinadora de fuerzas de izquierda e extrema izquierda en el continente que conducen los hermanos Castro y los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

Como fruto de esta estrategia, la Justicia de Guatemala detuvo en estos días a 18 militares retirados, entre ellos a Manuel Benedicto Lucas García, hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), por su supuesta vinculación con al menos 558 desapariciones forzadas en la década de 1980. Es el mismo estilo con el que se han ejecutado otros procesos judiciales de dudosa legalidad en otras partes del continente. Catorce de estos militares están acusados de participar en “uno de los mayores casos de desapariciones forzadas de América Latina”, afirmó al producirse las detenciones la fiscal general, Thelma Aldana. La fiscal Aldana dijo en rueda de prensa que a este grupo de militares retirados arrestados se les imputan los delitos de desaparición forzada y lesa humanidad por al menos 558 desapariciones de indígenas entre 1981 y 1988.

general retirado Manuel Benedicto Lucas García

Los militares serían juzgados por tribunales nada imparciales y atizados por organizaciones de izquierda nada independientes, que bajo el paraguas de supuestamente defender los derechos humanos, buscan la vendetta política tras haber sido derrotados por las Fuerzas Armadas en el campo de batalla. Lo que no consiguieron por la vía militar ni por la electoral, ya que fueron rotundamente derrotados en las urnas, se trata ahora de buscar por la vía judicial.

Reconocer estos casos sería dar la razón a los que han sostenido desde hace años que en Guatemala hubo un "genocidio" contra las comunidades indígenas ejecutado por sus Fuerzas Armadas, algo que es absolutamente falso y no se atiene al concepto jurídico internacional de lo que es un genocidio, tal como sí lo son, por ejemplo, los casos de Ruanda, Kosovo y Bosnia Herzegovina.

¿GUERRA POLÍTICA CONTRA EL PRESIDENTE MORALES?

Presidente electo de Guatemala Jimmy Morales /foto/www.bolsamania.com

Estos hechos, ya de por sí graves, pueden tener un objetivo de mayor calado. Se trataría de "intimidar o amedrentar a la próxima administración gubernamental, a cuyo frente se haya el partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), cuyo candidato, Jimmy Morales, ganó las últimas elecciones presidenciales. Morales tiene entre los miembros de su equipo de gobierno a muchos ex militares en situación de retiro, entre los que destaca su secretario nacional adjunto, Edgar Justino Ovalle Maldonado. Esta presencia de los militares en la vida política del país centroamericano ha molestado a la izquierda en general y a los activistas de los derechos humanos que buscan sembrar la confusión y el odio en la sociedad guatemalteca, levantando falsos testimonios contra miembros de las Fuerzas Armadas y buscando su procesamiento.

Lo que más llama la atención acerca de estos hechos que acontecen en Guatemala, es que se sigue el guión ensayado en otras partes del continente, donde han sido procesados, condenados y arrestados miles de militares con pruebas falsas, testigos de dudosa trayectoria y contraviniendo las normas básicas de lo que se conoce como un Estado de Derecho. Por ejemplo, en Argentina se han aplicado normas con carácter retroactivo que no existían en el momento en que se produjeron los supuestos hechos delictivos y fueron anuladas, de una forma arbitraria, las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por las que el presidente Raúl Alfonsín pretendía hacer su aporte a la reconciliación nacional.

Voy concluyendo estas reflexiones acerca de los procesos que se pretenden abrir en Guatemala, en un momento muy significativo y no elegido casualmente ni al azar, con el archiconocido caso del coronel colombiano Alfonso Plazas Vegas. Procesado, juzgado y condenado por la justicia colombiana, Plazas pasó siete años de prisión y sin que sus requerimientos, en el sentido de que era inocente y que no tenía nada que ver con los hechos por los que fue juzgado, fueran escuchados. Finalmente, en diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia tumbó esta condena y, en una sentencia de 358 páginas, desmontó todas las acusaciones, deslegitimó a los testigos utilizados y demostró la inocencia del coronel. El caso Plazas demuestra hasta que punto se puede llegar en la politización de la justicia y cómo la misma se acaba instrumentalizando en favor de determinadas ideas, aunque, con ello, se causen daños irreparables a los militares encausados.

Y termino: No se busca la justicia, sino la venganza. No cabe duda que con este enjuiciamientos, desconociendo las garantías del debido proceso -entre otras la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal- se pretende que, a través de la sentencia que vayan a dictar, homologuen una decisión política adoptada con sentido de revancha, por quienes, después de ser militarmente derrotados, se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos del Estado. Lo dicho: algo huele a podrido en Guatemala.